Procesos poco transparentes que resultaron ser un problema

Así se refirió la Concejal María Paz Caruso respecto a las compras directas que realizó el Intendente. “Están las pruebas de que evitar la ley sale caro, además que generan las suspicacias lógicas de saltarse los controles administrativos, Viotti quiso compra directa y al no haber oferentes tuvo que hacer licitación”, todas las argumentaciones que había dado él y sus funcionarios para la compra directa quedaron derribados”.

Un tema que generó grandes discusiones en el Concejo Municipal fue la autorización que solicitó el Intendente Viotti para realizar compras directas, es decir sin licitaciones públicas, por montos millonarios, aduciendo que las mismas le permitirían mejorar las condiciones de contratación. Según sus dichos, al acotar los tiempos, no cobrar sellados ni pliegos, ni tener que cumplir con el circuito administrativo, todo ello se traduciría en la presentación de gran cantidad de oferentes, mejores condiciones y plazos de compra abreviados.

En el discurso de apertura de sesiones del Concejo, Viotti declaró que la compra directa era “una herramienta fundamental para gobernar la ciudad”. Según Caruso esto deja claramente expuesto el modo de hacer política que tiene el mandatario, salteando los procesos administrativos y mintiéndole a la ciudadanía ya que “por ser compras directas y no tener oferentes suficientes tuvieron que recurrir a las licitaciones públicas”.
El pedido del 2024 fue inicialmente avalado incluso por el bloque no oficialista,  considerando que todavía no se sabía qué iba a suceder con los precios y la inflación. “Pero al transcurrir el año, observamos ciertas falencias en estos procesos que comprometían no sólo la transparencia de los mismos, sino también los supuestos beneficios planteados”, expresó Racca. En el mes de octubre los Concejales propusieron que el proceso sólo quede vigente para compras urgentes, como alimentos, lo cual fue rechazado por la mayoría automática del oficialismo.

Si bien el Municipio avanzó a lo largo del año con algunas adquisiciones directas, otras tantas debieron declararse fracasadas dejando claramente en evidencia que resignar la transparencia que brinda el proceso licitatorio sólo con la excusa de comprar más rápido no es lo más conveniente.

Racca mencionó ejemplos concretos. “La compra directa de 4 vehículos (autos y camionetas), debió concluir sin éxito luego de dos intentos, ya que en ninguno se llegó a cumplir con la exigencia mínima de 3 oferentes. Es decir, no hubo tal ampliación de oferta como supuestamente se pretendía. Por el contrario, si se hubiesen respetado los pasos legales de una licitación pública, la compra podría haberse adjudicado, por lo que también se perdió valioso tiempo y dinero público, justamente para vehículos de la GUR y tránsito, que son los problemas más urgentes a solucionar”.

La misma suerte corrió un tractor nuevo 140HP, una desmalezadora hidráulica articulada y 438 luminarias LED las cuales no se pudieron adjudicar. Para estas luminarias se realizó posteriormente el proceso licitatorio que ya se encuentra en su etapa final y se presentaron 6 proveedores. “Contundente golpe de realidad que tira por la borda la teoría de Viotti”, dijo Caruso.

Pedido de informe a funcionario que quería vender luminarias
Todo este debate se coronó con el pedido de informes al Sub Secretario de Servicios Públicos, Juan Pablo Aversa, quién solicitó la factibilidad para instalar un negocio de venta de artículos de iluminación justamente durante el proceso de compras directas de luminarias por montos millonarios, lo que motivó la preocupación de los concejales a partir de los rumores que comenzaron a circular en los pasillos de la administración.
Según surge del expediente, el 26 de noviembre del año pasado Aversa ingresó un pedido de factibilidad para iniciar un comercio que se dedicaría al rubro mencionado. Luego del informe solicitado se habría discontinuado el trámite. Lo que llama la atención es que, más allá que cada funcionario puede tener actividades privadas, nada tenía que ver con lo que el funcionario venía desempeñando antes de acogerse al beneficio de ser empleado público.

Por ello Caruso expresó “reafirmamos nuestro compromiso con el respeto por los procesos legales que aseguran transparencia en el manejo de fondos públicos, actos que no puedan ser cuestionados. Las supuestas mejoras no deben lograrse a cualquier precio, incluso saltándose los mecanismos orgánicos y que para peor, generan resultados adversos a los pensados, los cuales deben ser afrontados con los recursos ciudadanos. Vamos a acompañar al Intendente y sus políticas, pero siempre dentro del marco legal correspondiente y ejerciendo el control necesario.”