Maria Paz CarusoEl planteo realizado por la edil también requiere precisiones sobre si existe un plan de reemplazo o reposición de las campanas, cuáles son actualmente los lugares habilitados para que los vecinos puedan depositar el aceite usado, y si continúa vigente el servicio de recolección a grandes generadores a través del Programa Instituciones Sustentables.
“La decisión de comenzar con la recolección de aceite vegetal usado en el año 2011 no fue casual. Fue el resultado de un proceso de investigación, legislación y decisión política para cuidar el ambiente y evitar la contaminación de suelo, napas y desagües. Desde entonces, los vecinos no sólo comprendieron el mensaje y la necesidad de disponer correctamente el aceite, sino que se apropiaron del sistema haciendo crecer año tras año los litros recolectados”, expresó la concejal María Paz Caruso.
Actualmente, el Municipio no ha publicado las estadísticas del año 2025 vinculadas a la cantidad de comercios adheridos, litros recolectados, empresas habilitadas para prestar el servicio, controles realizados y campañas de difusión desarrolladas. “Igualmente la tendencia es preocupante. En 2023 se recolectaron 70.000 litros de aceite vegetal usado pero en 2024 se bajó a menos de la mitad. Es un dato llamativo y ahora quitar este servicio va a afectar aún más la situación. Cabe preguntarse entonces ¿qué se hace con ese aceite hoy, a dónde va a parar?”, continúo.
La edil recordó que la Ordenanza Nº 4.439 promovió un sistema integral para la disposición y reutilización de este residuo, mientras que posteriormente se crearon los Puntos Verdes Fijos y Móviles y se avanzó conjuntamente con la Cámara de Supermercadistas en la instalación de 14 campanas contenedoras en los locales de cercanía para facilitar el depósito domiciliario de aceite embotellado.
“Rafaela llegó a ser reconocida y tomada como ejemplo por otras localidades por el compromiso alcanzado con el circuito del A.V.U” destacó Caruso.
En ese sentido, cuestionó la decisión de retirar las campanas sin una explicación pública ni alternativas visibles para los vecinos. “Cuando al ciudadano se le pide compromiso ambiental, el Estado también tiene que garantizar herramientas, infraestructura y servicios para que las cosas sucedan. Las campañas de concientización y las campanas eran parte de un servicio que el vecino sostenía con su participación”, afirmó.
Asimismo, sostuvo que “si el argumento es el vandalismo, la respuesta no puede ser simplemente sacar las campanas y resignar una política ambiental construida durante años. No se pueden tomar decisiones de manera liviana y sin asumir responsabilidades”.
Finalmente, solicitó que el Municipio vuelva a instalar las campanas en puntos estratégicos o proponga alternativas y retome así una política activa de promoción ambiental. “Necesitamos volver a brindarles a los vecinos herramientas concretas para cuidar el ambiente y recuperar un verdadero compromiso con la correcta disposición de este material”, concluyó.
