En el mes de junio venció la ordenanza que autorizaba a Viotti a realizar compras directas por 200 millones de pesos mensuales en alimentos pero no se iniciaron los procesos de compras en julio. Crece la preocupación por la falta de previsión del Intendente.
Actualidad05/08/2025
Maria Paz CarusoEn el mes de junio venció la ordenanza que autorizaba a Viotti a realizar compras directas por 200 millones de pesos mensuales en alimentos pero no se iniciaron los procesos de compras en julio. Crece la preocupación por la falta de previsión del Intendente.
La norma, sancionada en su momento por la emergencia inflacionaria y la escasez de productos, fue una medida excepcional que evitaba el proceso licitatorio habitual, más transparente.
"Hoy la Municipalidad se retiró de los sectores que más necesitan", afirman los concejales Racca, Caruso, Senn y Soltermam.
Con el contexto económico estabilizado y mayor disponibilidad de mercadería, los ediles consideran que el Intendente tendría que haber activado con anticipación un sistema de licitaciones para garantizar la provisión de alimentos con mayor claridad y sin necesidad de tomar los atajos de la compra directa. Sin embargo, eso no ocurrió.
Claramente esta omisión puede traducirse como negligencia, imprevisión, desinterés o falta de liderazgo. Pero también puede interpretarse como intencional. “Dejó vencer el plazo para forzar al Concejo a que lo habilite nuevamente a comprar sin controles”, señalaron los concejales. Y continuaron: “Mientras tanto, usa la necesidad de la gente como rehén y trasladar la responsabilidad política al Concejo”.
La situación se agrava dado que los funcionarios del Ejecutivo nunca se presentaron a informar con claridad cómo se manejaron los fondos de las compras directas anteriores tal cual fuera solicitado por el Concejo Municipal. "Hay quejas por los productos que se vienen entregando, cada vez más escasos y de peor calidad. Hay familias que no son beneficiarias de la ayuda, cuando sus condiciones de vida lo necesitan", declararon. Surge aquí la duda acerca de si todo el dinero destinado a alimentos se está usando efectivamente para ello.
“Hasta junio que había elecciones no encendieron ninguna alarma, es llamativo todo el accionar del Intendente, que puede haber hecho una mala distribución de los recursos” cerraron los ediles.
Los concejales Caruso, Senn, Racca, Soltermam y Postovit (electo), estuvieron en la Asociación Departamental de Jubilados y Pensionados “Casa del Jubilado”, donde compartieron un momento con las personas que concurren diariamente a la institución.
El Intendente firmó el convenio en enero y anunció que antes de fin de año iban a estar construidas las 10 nuevas unidades, en el marco del Programa Provincial “1.000 aulas”. Los concejales no oficialistas plantean que no hubo avances ni siquiera en el proceso licitatorio a pesar de contar con los recursos y que las instituciones educativas no han sido informadas sobre cómo continúa el programa.
”Como se encuentra hoy la normativa el formato responde más al funcionamiento de una financiera que un municipio”. Así expresaron los concejales opositores al referirse a los intereses que está aplicando el Municipio cuando se genera una deuda. Con la normativa actual se duplicó la tasa de interés, hoy es del 5% mensual cuando la inflación está debajo del 2%. Por eso los ediles ingresaron un proyecto para que la ordenanza se adecue a la economía actual. “Es un proyecto fundamentado con datos objetivos, seguramente tendremos el acompañamiento de todo el Concejo”, dijeron.
La Zona de Estacionamiento Controlado ha sido un servicio que puso en funcionamiento el municipio hace una década aproximadamente. ”Es importante conocer cómo impactó el aumento del valor de la hora de estacionamiento en el comportamiento de los usuarios, las inversiones que se están haciendo con los fondos, la articulación con las casas de estudio para prestar el servicio”, expresó Caruso. La edil también solicitó que se retome la venta de crédito en el hall del municipio que era uno de los lugares que más se utilizaba.
Fue la conclusión a la que llegaron los concejales no oficialistas luego de recibir a la Subsecretaria de Auditoría de la Municipalidad, Silvina Imperiale. Ante la insistencia por cuarta vez para que se presente, los temas abordados fueron la auditoría externa y el faltante de cubiertas, donde hubo una gran novedad: no hay información oficial sobre que existe algún imputado.
El Intendente firmó el convenio en enero y anunció que antes de fin de año iban a estar construidas las 10 nuevas unidades, en el marco del Programa Provincial “1.000 aulas”. Los concejales no oficialistas plantean que no hubo avances ni siquiera en el proceso licitatorio a pesar de contar con los recursos y que las instituciones educativas no han sido informadas sobre cómo continúa el programa.