El bloque no oficialista manifiesta que “el proyecto de tener una unidad penitenciaria en la zona urbana generó malestar y reticencia en la ciudadanía, no sólo en los hogares cercanos a la nueva sede, sino que la gran mayoría nos plantea que no quieren que Rafaela sea reconocida como la ciudad de la cárcel”, expresaron.
Actualidad01/06/2025
Maria Paz Caruso
El bloque no oficialista manifiesta que “el proyecto de tener una unidad penitenciaria en la zona urbana generó malestar y reticencia en la ciudadanía, no sólo en los hogares cercanos a la nueva sede, sino que la gran mayoría nos plantea que no quieren que Rafaela sea reconocida como la ciudad de la cárcel”, expresaron.
Los ediles Soltermam, Caruso, Racca y Senn estuvieron en el sector elegido por el Intendente Viotti para la relocalización de la alcaidía local el cual actualmente está ocupado por animales que continúan viviendo donde funciona el REMA.
El planteo se retoma ya que en enero, haciendo valer su mayoría automática en una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, con 4 votos contra y 5 a favor, Viotti logró donar el terreno al gobierno provincial. Pero desde entonces los reclamos y planteos en contra de la instalación en la ciudad se fueron acrecentando.
Recordemos que hace 15 años sucedió lo mismo, se intentó llevar a cabo en el mismo lugar y por el rechazo social se debió ir para atrás, derogar la ordenanza de donación. “Incluso algunos de los mismos miembros del gabinete actual votaron en contra en ese entonces. Sin dudas la alcaldía se tiene que trasladar, pero no a otro barrio en la zona urbana”, dijo Soltermam.
“Nada cambió respecto a lo sucedido en 2008”, reclaman los concejales. Las actas manifiestan claramente que se debió quitar el terreno a la provincia porque la gente no quiso la alcaldía allí. “Hoy todo se agrava ya que estaría dentro de la zona urbana, a menos de 9 cuadras de los barrios de Rafaela y frente al autódromo y el futuro loteo del club Atlético”, continúo Racca.
“En consonancia con lo que manifestó el gobernador Pullaro, creemos que debemos seguir dialogando sobre el lugar a instalarse, es una decisión que puede tener consecuencias graves, no puede tomarse a puertas cerradas”, dijo Caruso quien explicó que el bloque propone ampliar las consultas convocando al Consejo Consultivo y al Ente del área Metropolitana.
Identidad
Senn planteó “la cárcel recibiría personas privadas de su libertad de distintos lugares de la provincia. Tal vez hay alguna localidad cercana que sí entiende la instalación como una oportunidad de desarrollo, que acepta una obra de estas características y hay que poner todas las opciones sobre la mesa”.
Recordemos que la actual alcaldía está en la jefatura y tiene una capacidad de recepción de alrededor de 80 personas mientras que el proyecto del Intendente Viotti es para 240 reclusos.
Racca planteó “la obra civil no está clara y además no tiene contemplada un área para que se reciban las visitas. ¿dónde esperarían? ¿en el tránsito pesado? ¿sobre Avenida Italia? Este proyecto no está dentro del modelo de ciudad que queremos”.
Por todo esto, los ediles presentaron un proyecto de ordenanza para derogar el donación, prohibir la instalación de infraestructuras de estas características en un radio de 3.000 metros del ejido urbano y convocar a las entidades para encontrar un terreno apto para el trasladado lo antes posible.
Los concejales Caruso, Senn, Racca, Soltermam y Postovit (electo), estuvieron en la Asociación Departamental de Jubilados y Pensionados “Casa del Jubilado”, donde compartieron un momento con las personas que concurren diariamente a la institución.
El Intendente firmó el convenio en enero y anunció que antes de fin de año iban a estar construidas las 10 nuevas unidades, en el marco del Programa Provincial “1.000 aulas”. Los concejales no oficialistas plantean que no hubo avances ni siquiera en el proceso licitatorio a pesar de contar con los recursos y que las instituciones educativas no han sido informadas sobre cómo continúa el programa.
”Como se encuentra hoy la normativa el formato responde más al funcionamiento de una financiera que un municipio”. Así expresaron los concejales opositores al referirse a los intereses que está aplicando el Municipio cuando se genera una deuda. Con la normativa actual se duplicó la tasa de interés, hoy es del 5% mensual cuando la inflación está debajo del 2%. Por eso los ediles ingresaron un proyecto para que la ordenanza se adecue a la economía actual. “Es un proyecto fundamentado con datos objetivos, seguramente tendremos el acompañamiento de todo el Concejo”, dijeron.
La Zona de Estacionamiento Controlado ha sido un servicio que puso en funcionamiento el municipio hace una década aproximadamente. ”Es importante conocer cómo impactó el aumento del valor de la hora de estacionamiento en el comportamiento de los usuarios, las inversiones que se están haciendo con los fondos, la articulación con las casas de estudio para prestar el servicio”, expresó Caruso. La edil también solicitó que se retome la venta de crédito en el hall del municipio que era uno de los lugares que más se utilizaba.
Fue la conclusión a la que llegaron los concejales no oficialistas luego de recibir a la Subsecretaria de Auditoría de la Municipalidad, Silvina Imperiale. Ante la insistencia por cuarta vez para que se presente, los temas abordados fueron la auditoría externa y el faltante de cubiertas, donde hubo una gran novedad: no hay información oficial sobre que existe algún imputado.
El Intendente firmó el convenio en enero y anunció que antes de fin de año iban a estar construidas las 10 nuevas unidades, en el marco del Programa Provincial “1.000 aulas”. Los concejales no oficialistas plantean que no hubo avances ni siquiera en el proceso licitatorio a pesar de contar con los recursos y que las instituciones educativas no han sido informadas sobre cómo continúa el programa.